Lo que se pueda decir sobre las implicaciones que tendrá para la felicidad de la República, como reza la exposición de motivos, el proyecto de reforma de la ley del Banco Central de Venezuela (BCV) nunca será suficiente, nunca será el énfasis excesivo. A las clarísimas explicaciones que durante las semanas anteriores han tenido a bien hacer quienes con honestidad intelectual se han desempeñado en el estudio y ejercicio de la economía o dentro de la propia actividad del ente emisor, trataré de agregar en lo que sigue algunas consideraciones adicionales.

Para comenzar, quizás valga la pena diferenciar dos cosas de naturaleza y consecuencia disímiles, que están agrupadas allí bajo una misma justificación. La primera es la entrega al gobierno de la diferencia entre las reservas internacionales actuales y lo que allí se denomina (sin incorporar en forma alguna la fórmula o definición utilizada) reservas “excedenterias”. Esa cifra, que había sido citada alguna vez el año pasado por el Presidente como “alrededor de uno y medio o acaso dos mil millones de dólares”, y más recientemente alrededor del cinco mil millones de dólares, alcanza según el proyecto de Ley la bicoca de ocho mil millones de dólares. Los bolívares que corresponden a estos dólares están ya en la calle, salieron a circular con el respaldo de esas divisas que hoy desaparecen. La cantidad de bolívares en circulación entre las reservas internacionales, que hoy en día está en 1.812 bolívares por dólar, después de esa operación se situaría en 2.537. En este sentido, las expresiones de “acumulación”, que se repiten copiosamente a lo largo de la exposición de motivos, son inadecuadas, porque dan la impresión de que las reservas están siendo “ahorradas”, o “acumuladas”. En realidad es todo lo contrario, esos dólares están en la bóveda del BCV porque su contrapartida en bolívares ya fue gastada. Para que esa suma de reservas verdaderamente se considere “acumulada” en el sentido de “ahorro” que le da el documento, el gobierno debería comprar los dólares y entregar a cambio los bolívares que ya una vez recibió por ellos (este mecanismo es el previsto en el Fondo de Estabilización Macroeconómica – FEM - original, ya derogado).

Si los usos que se exponen allí son los destinos finales reales de estos fondos (“estrategia social de inclusión”), y se realizan en bolívares, caeremos entonces en el absurdo de que esos dólares vuelvan a ser entregados al BCV (con lo que se registrarían de nuevo reservas “excedentarias”) para convertirlos en bolívares. Si van a ser gastado en dólares, las consecuencias son menos graves pero igualmente peligrosas: Parte de la masa monetaria que salió a circular se queda sin el respaldo que le dio origen.

Distinta completamente es la segunda cosa, no sólo distinta sino en algunos planos prácticamente contraria: La no-obligación de PDVSA de liquidar la totalidad de los dólares que resultan de la venta de petróleo en las taquillas del BCV. Esta modificación en realidad tiene un efecto no presente en la primera: Como los dólares no se liquidan, no se intercambian por bolívares, y al menos no se produce dinero sin respaldo.

Este segundo tema tiene que ver más con la necesidad de contener el crecimiento de la liquidez en un país en donde la actividad económica se está desacelerando, evitando los mecanismos burocráticos que usualmente contienen y ayudan a fiscalizar el gasto público. La primera, en cambio, es una puerta de entrada a los episodios de hiperinflación experimentados por economías latinoamericanas en décadas recientes. De aquí quizás resulten las mayores sumas, que sean de felicidad ya es otra cosa.

Miguel Angel Santos