El discurso de Manuel Rosales el pasado miércoles parece haber despertado el populista que todos llevamos dentro. Ha sido una cosa casi nostálgica, un eco de los lanzamientos de aquellas grandes campañas electorales, de las consignas políticas y de la euforia quinquenal que uno jamás pensó que iba a llegar a extrañar. Ya no están llenas las avenidas más amplias del país, ya no hay mítines, romerías, ni candidatos llegando en helicóptero. Ahora hay Caracas Teleport, Ateneo, visitas a pie, y ruedas de prensa.

Uno tiene claro que esa apoteosis populista es la misma que nos trajo hasta aquí, pero después de ver rodar a los candidatos de la sensatez y del “apretarse el cinturón”, parece haberse impuesto la noción de que sólo a través del populismo se puede salir de aquí. Y el gobernador está en esa vena: Un salario mínimo para los desempleados, y una transferencia mensual de 600.000 bolívares a cada familia. Superada la emoción inicial (“¡Así se habla caballo!”), muchos se han empezado a preguntar, eso sí, en voz baja, y aquí entre nos: “Mira, lo de Rosales… ¿será que eso se puede?”.

El seguro al desempleo es el más complicado. Si sólo se tratara de los desempleados, un millón cien mil venezolanos, sería posible. Pagarles un salario mínimo al año equivaldría a poco más de 2.800 millones de dólares, algo así como 2% del PIB, y 7% del gasto total del gobierno. ¿Y los inactivos? ¿Y todas aquellas personas que el INE no considera desempleados, simplemente porque están en una misión educativa o Vuelvan Caracas? ¿Y los cinco millones y medio de informales? ¿Cuántos optarían por el seguro al desempleo? Una simulación simple, que incluye a los desempleados, al crecimiento anormal de inactivos de los últimos dos años, y a 30% de los informales, coloca el costo anual del seguro al desempleo en 8.500 millones de dólares, 7% del PIB, y 21% del gasto total del gobierno. Muy difícil. Además, el problema aquí tiene que ver más con el mensaje y los incentivos, pues el seguro se recibe mientras el trabajador continúe desempleado.

La segunda propuesta luce bastante más atractiva. Transferir el equivalente a la canasta básica alimentaria (414.000, no 600.000) al 33% de familias que se encuentran en situación de pobreza extrema costaría al año unos 4.000 millones de dólares, 3% del PIB, y 9% del gasto público. Esta promesa, ejecución mediante, equivale a reducir la pobreza extrema a cero. Mejor aún, tal y como se había contemplado en la propuesta de Teodoro Petkoff, el dinero puede ser transferido a las madres y estar condicionado al cumplimiento de ciertos parámetros (ejemplo: asistencia escolar) que garanticen la superación gradual de las causas de la pobreza: La incapacidad para obtener un trabajo productivo, la carencia de un bien (habilidades, destrezas) intercambiable por valor en el mercado. Su implementación no es cosa fácil, pero existen en Venezuela suficientes capacidades de investigación como para identificar el perfil de una familia en situación de pobreza extrema a través de una cualidad difícil de simular. ¿Populista? Si, pero bastante más útil que los fusiles rusos y los bonos de la deuda argentina.

Más importante que estas propuestas en sí son las otras, esas que conforman el programa de gobierno pero no la campaña electoral: El clima para la actividad económica privada, la política económica (¿cómo hacer para que la transferencia no genere inflación, si no hay inversión?), el respeto a la propiedad, la reforma del sistema de judicial, de salud y de educación, la recuperación de la independencia de poderes. Y es que es en este segundo grupo en donde se encuentra la clave para que la estrategia populista, además de ganar elecciones, contribuya también a devolvernos al camino del desarrollo.

Miguel Ángel Santos