La crisis de financiamiento que está sufriendo el gobierno de Chávez me trajo a la memoria una conversación que sostuvimos un grupo de estudiantes venezolanos con Moisés Naim hace un poco más de cinco años en London School of Economics. La tesis de Moisés por aquél entonces era que el problema de las políticas macroeconómicas adecuadas estaba superado, y la comunidad financiera internacional sería la encargada de disciplinar a los gobiernos que se desviaran de un conjunto de reglas de acuerdo tácito. Regímenes cambiarios sostenibles, disciplina fiscal, déficit fiscales manejables financiados a través de mecanismos no inflacionarios (no a través de la impresión de dinero), racionalización de la presencia del Estado dentro de la economía, con el gasto público fuertemente focalizado en educación, salud, infraestructura y seguridad; y apertura de espacios a la inversión privada; formaban parte de ese conjunto de políticas que más que resultado de cualquier corriente de pensamiento económico, eran conclusiones de sentido común basadas en principios de administración.
Para Moisés, aquellos gobiernos que se mantuvieran al margen de esta corriente, ya sea promoviendo regímenes de cambio fijo insostenibles en medio de controles de cambio, o sistemas de cambio múltiple, monetizando el déficit fiscal, implementando controles de precios, etc.; verían cerradas las fuentes de financiamiento por parte de la comunidad internacional, y tarde o temprano – según se hubiesen agotado las fuentes de financiamiento en el mercado interno o cayeran los precios de exportación de las materias primas – se verían obligados a entrar en cintura. El problema que ocupaba a los intelectuales dedicados a pensar en el desarrollo no era ya el problema de las políticas económicas a seguir, sino el problema de cómo crear instituciones que contribuyeran a traducir los resultados de la aplicación de ese conjunto de políticas en mejores condiciones de vida para la población. Según esta tesis, el problema no era el régimen cambiario, sino garantizar la independencia del Banco Central como institución. El problema no era abrir espacios a la inversión privada, sino crear instituciones que garantizaran los deberes y derechos de los agentes económicos con base en la interpretación objetiva de un conjunto de reglas claras. En otras palabras, si quieres que te diga cómo va a estar la economía del país de aquí en cinco años, dime qué probabilidad existe de que en cinco años un ciudadano pueda acudir a un tribunal a reclamar sus derechos, sea atendido en forma adecuada, y obtenga una respuesta objetiva basada en la ley de manera rápida y eficiente.
El problema de las instituciones que facilitan el desarrollo – ¿Cómo crear instituciones que funcionen partiendo de cero, o peor aún, partiendo de negativo, como algunas instituciones en Venezuela? – es un problema complejo que representa una verdadera piedra de tranca para los países más pobres, porque es muy poco lo que se sabe sobre el proceso de creación y desarrollo de instituciones, y muy poco lo que se ha escrito sobre el tema. Moisés definía la situación del conocimiento en el área institucional como “en estado pre-paradigmático”, es decir, un estado embrionario en el que todavía no se han establecido ni siquiera los paradigmas más básicos de la disciplina.
Lamentablemente para los venezolanos el país no se encuentra ni siquiera a las puertas de plantearse ese tipo de problemas. Aquí el gobierno de Chávez sigue enredado en el proceso económico, a pesar del papel de los mercados internacionales. Estos últimos le han cerrado las puertas a Venezuela y su política económica incoherente y sin rumbo desde hace tiempo. Chávez se ha defendido por tres años gracias a una combinación de buenos precios petroleros y mayor endeudamiento a nivel local, lo que cuadruplicó la deuda interna en tres años. Pero el efecto de no poder acudir a los mercados internacionales ha causado estragos en las finanzas públicas.
El perfil de la deuda venezolana durante estos tres años se ha deteriorado considerablemente, en la medida en que Chávez ha tenido que ir amortizando deuda externa de largo plazo endeudándose a corto plazo y a altísimas tasas de interés a nivel local. Como consecuencia de esta política, Venezuela es el país de América Latina que tiene que amortizar mayor proporción de su deuda total en el 2002, 22%, lo que representa 5% del PIB. No hay ninguna posibilidad de refinanciar 5% del PIB en el mercado interno, lo que ha causado que el gobierno tenga que implementar un gigantesco recorte del gasto en términos reales, un aumento en los impuestos, y una devaluación que alcanza 90% en doce meses, aún con los precios del petróleo alrededor de 22 dólares por barril.
Los efectos devastadores de la substitución progresiva de deuda externa por interna en el presupuesto nacional se pueden apreciar en términos comparativos en el cuadro anexo. Si bien Venezuela tenía un nivel de deuda total del gobierno central muy inferior al de Ecuador, Colombia y Peru al final del 2001, los pagos por amortización e intereses estimados para el 2002 eran mayores que los de esos tres países (casi iguales a los de Colombia, que tiene la mitad de la deuda venezolana como porcentaje del producto).
Esa es la razón fundamental de la crisis fiscal que está sufriendo Venezuela en este año. Chávez se acaba de dar cuenta de que ni siquiera buenos precios petroleros sostenidos por cuatro años alcanzan para mantenerse aislado de la comunidad financiera internacional. El gobierno, después de haber satanizado los paquetes “hambreadores” de la cuarta república, ahora ha empezado a implementar medidas similares pero más radicales. El efecto disciplinador del que habló Moisés Naim hace cinco años, cuando Chávez apenas era una nube negra en el horizonte venezolano, ha surtido su efecto aunque con cierto retardo, facilitado por los precios petroleros. Pero ya queda poco margen de maniobra. O Chávez llega a buenos términos con la comunidad internacional – cosa que parece difícil si no imposible – o la crisis económica se va e encargar de terminar de derrumbar los resquebrajados cimientos que sostienen al gobierno. Quizás entonces pueda Venezuela empezar a pensar en los verdaderos problemas del desarrollo.
Miguel Angel Santos