El Nacional

El pasado jueves 26 de septiembre se aprobó en primera discusión la Ley de Reforma Parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV). Esa aprobación da cabida dentro de la Asamblea Nacional a una discusión más amplia del proyecto de reforma, que, por el carácter ordinario de la ley vigente, sólo requiere para su aprobación del apoyo de la mayoría simple. ¿Cuáles son las principales reformas propuestas? La Ley contempla la modificación de 35 artículos del texto vigente, pero en mi opinión vale la pena focalizar el análisis en cuatro aspectos principales:

La eliminación de la facultad del BCV para compilar y publicar las estadísticas de precios y balanza de pagos (Numeral 12, Artículo 7)

La ampliación de las circunstancias que llevarían a considerar una estadística como confidencial, eliminando el requisito vigente de que su publicación implique alguna “amenaza a la seguridad y a la estabilidad monetaria, u otro perjuicio al interés público” (Numeral 23, Artículo 21)

La disminución de la mayoría requerida en la Asamblea Nacional para remover directores del Banco Central, de dos tercios a mayoría simple (Artículo 26)

La modificación integral del artículo relativo a las utilidades del BCV, con el fin de: a) permitir su entrega semestral en lugar de anual, b) hacer posible la entrega de hasta dos tercios de las utilidades que se hayan acumulado en cualquier momento del ejercicio semestral, y c) la eliminación de las palabras “realizadas y recaudadas”de la definición de utilidades netas (Artículo 71)

Es necesario aclarar que luego de la consulta hecha al directorio del BCV, existe cierto consenso sobre el hecho de que “sólo” serán incorporadas en la segunda discusión las modificaciones relativas al artículo 71. ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio? La más importante – la única motivación a la reforma de la ley – tiene que ver con las utilidades cambiarias. El BCV obtiene utilidades cambiarias por dos vías principales. La primera consiste en la diferencia que existe entre el precio a que el BCV compra y vende dólares. Como la tasa de cambio se está devaluando constantemente, se realiza una utilidad cuando se compran dólares a 700 bolívares, y se venden a 1,470 bolívares. La segunda utilidad se deriva de la revalorización del monto de reservas internacionales. Es decir, si a finales del año 2001 el BCV tenía un stock de 15 millardos de dólares a 750 bolívares por dólar, cuando la tasa de cambio sube a 1,470 bolívares por dólar, esos mismos dólares valen más bolívares. Estas últimas utilidades no se realizan. Las primeras se estiman en 2 billones de bolívares para el 2002, mientras que las segundas podrían alcanzar los 5 billones.

En ambos casos, realizadas o no realizadas, las utilidades cambiarias del BCV se pagan sacando dinero nuevo de la bóveda. Ahora bien, la situación actual es el resultado de la falta de confianza en Chávez y su torpe manejo de la política económica. Esa desconfianza hace que los banqueros venezolanos no quieran seguir prestándole al gobierno por temor a un default que produzca un descuadre de liquidez entre las demandas de los depositantes y los activos de la banca. Esa desconfianza derrumba la demanda de bolívares y estimula a los agentes económicos a proteger sus ahorros colocándose en dólares. Ese dinero adicional en la calle no va a resolver el problema de confianza. Ese dinero adicional se va a encontrar con un país en donde no va a haber ni más dólares ni más bienes. En consecuencia, o sube el precio del dólar (el efecto sobre el precio del dólar de 2 billones de bolívares adicionales podría estar entre 180 y 330 bolívares), o sube el precio de los bienes.

¿Por qué el proyecto de reforma introducido por Rodrigo Cabezas propone – entre otras cosas – esas cuatro reformas tan radicales, y a la primera objeción del directorio del BCV se acuerda aprobar sólo la relativa al artículo 71? Bueno, aquí es en donde empiezan las hipótesis, porque cuando uno empieza a hurgar en el oscuro territorio de las motivaciones chavistas, casi cualquier cosa es posible.

Según una de las hipótesis, Cabezas pensó en el viejo truco de solicitar cuatro cosas absurdas para terminar “capitulando” y aceptando la más importante de todas ellas, la relativa a las utilidades cambiarias. Otra hipótesis es la del amedrentamiento. En otras palabras, la consulta que se solicitó al directorio del BCV en pro del “consenso” y el “diálogo”, tenía por objetivo recordar al directorio que a través de mayoría simple se podría cambiar la Ley del BCV. Se aprovechó para incluir dentro de las modificaciones que los directores puedan ser removidos con el voto de la mayoría simple en la Asamblea (en lugar de dos tercios). En otras palabras, o me apruebas el traspaso de las utilidades cambiarias o eventualmente te sacaré de ahí. Una tercera hipótesis, sería la de que se intentó perpetrar un atraco contra el BCV. Según esta última, el gobierno estaría consciente de que las utilidades cambiarias (Art. 71) podrían producir una fuerte devaluación, y tomó previsiones para remover directores y facilitar la aprobación de un control de cambio (Art. 26). Para poder ocultar los efectos inflacionarios de esos bolívares ociosos se reservó el derecho de considerar confidencial ciertas cifras económicas (Art. 21), y el de publicar los índices de precios y balanza de pagos (Art. 7). Según esta última ficción, el índice de precios bolivariano comprendería un conjunto de bienes básicos controlados, y se desconocerían los índices de precios generales por considerarlos el gobierno de carácter “confidencial”. Según una cuarta hipótesis, las motivaciones chavistas para la reforma de la ley del BCV podrían ser una combinación de las tres anteriores.

Este conjunto de motivaciones tiene algunos elementos comunes. No se encuentra en ellas ningún interés por la estabilidad monetaria de Venezuela, ningún interés nacional, ningún esfuerzo por mejorar las condiciones económicas más allá de la simple impresión de dinero que le permite al gobierno sobrevivir un poco más a costa de mayor devaluación e inflación. No hay nada en esa reforma que le vaya a permitir a los ciudadanos del país una vida mejor en el 2003. No hay en esas motivaciones nada que pueda cambiar las pésimas expectativas que existen en relación con Venezuela. Por el contrario, la posibilidad de la reforma deterioró la percepción de riesgo de Venezuela en forma inmediata. Standar & Poor se apresuró a bajar la clasificación de los bonos venezolanos, considerando que “honrar los pagos de intereses y principal que se vence en el 2003 va a ser difícil”. Lehman Brothers advirtió sobre los peligros de invertir en Venezuela, por “el clima de agitación y turbulencia, en algunos casos violenta; y por las políticas económicas pobremente concebidas”. Chávez sigue hablando pestes de la deuda externa y de los mercados internacionales, mientras Pérez y Nóbrega salen a tratar por todos los medios de conseguir financiamiento externo, exponiendo las bondades de la revolución bolivariana y de la cría de gallinas en techos de zinc.

En definitiva, no vamos a poder saber qué tenía en la cabeza el diputado Rodrigo Cabezas cuando introdujo la reforma de la Ley del BCV. Pero en este caso, más importante que lo que él tenía en la cabeza, es lo que no tenía.

Miguel Angel Santos