El Universal

A muy pocos se les ha ocurrido pensar en el programa pico-y-placa como una estrategia de racionamiento. En ese mercado, los vehículos equivalen al dinero, y el espacio físico por donde circulan es el bien que se persigue con el dinero. En los últimos tres años el número de vehículos creció exponencialmente, mientras el espacio por donde circulan se mantiene. Ese divorcio evidente entre las tasas de crecimiento de vehículos y vías ha provocado ese caos en el que todos los días se nos escapa un pedazo de vida, sentados, inmóviles, con las manos al volante. Todo un colosal shock de productividad al que se le presta muy poca atención en un país muy poco preocupado por producir. 

Si utilizar las vías de circulación tuviese un precio más tangible, hubiese crecido lo suficiente como para regular la demanda y reestablecer cierto equilibrio. Pero no ocurre así. El precio de utilizar las vías públicas está diluido entre la renta petrolera y una complicada estructura de impuestos, no disminuye si las uso menos. Por otra parte, el precio la gasolina venezolana, acaso lo único que se paga por circular, es el más bajo del mundo (125 bolívares no-fuertes por litro). 

Sin el mecanismo de precios no hay otra forma de atacar el problema que regular el consumo, racionarlo a cuatro días por semana. De manera que ahora tener carro, no necesariamente equivale a poder circular. 

Esa misma lógica está operando en otros mercados. Ya tener dinero no equivale a tener bienes. El gobierno fijó algunos precios hace ya algún tiempo, dando al traste con la única herramienta transmisora de información que teníamos a mano para intentar alcanzar el equilibrio. Hoy en día ese conjunto de precios, allí en donde todavía se consiguen esos bienes, está entre 50% y 80% por encima del precio regulado. 

A partir de aquí hay varios caminos posibles. A diferencia de las calles, avenidas y autopistas que tanta falta hacen, otros bienes sí se pueden importar. El gobierno puede mantener los precios regulados, terminar de ahogar a los productores nacionales, mientas continúa pagándole a los extranjeros el precio que aquél mercado haya fijado para esos bienes. Esta política tiene sus límites: La renta petrolera es grande, pero no alcanza para importar nuestro consumo total y menos aún para emplear a los doce millones de venezolanos en edad y disposición de trabajar. 

Otra alternativa sería flexibilizar el control, o más aún liberar los precios, a la manera de Pérez en 1989. Según está versión, en las hojitas de cálculo de los técnicos del BCV aparecerían los precios reales de las cosas, y se reconocería institucionalmente la inflación represada que hoy ya subyace la economía venezolana. En contrapartida, se recuperaría la producción nacional, y acaso también el empleo, y se reduciría en algo la dependencia de las importaciones. 

La última posibilidad equivale al pico-y-placa del mercado de bienes: El gobierno sustituye al mecanismo de precios como determinante del consumo, restringiendo lo que se puede demandar de ciertos bienes a través de una libreta del racionamiento. Algo así como los cuatro días por semana, pero eso sí, en leche, café, carne, pollo, y azúcar. Una vez aquí, no hay salida fácil. 

Miguel Ángel Santos