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A cerrar los peajes, porque si no, los tumbo. En esos términos, palabras más, palabras menos, conjuró el Presidente el cierre de los peajes en la Autopista Regional del Centro. Y, como suele suceder tratándose de un gran convencedor, siguieron los argumentos lógicos: Uno está pagando un dinero que no tiene retribución (como si la retribución de los impuestos que a diario se le pagan al SENIAT fuese más evidente), la autopista está en pésimo estado, y para colmo de males, se hacen enormes colas, etcétera. 

En fin, una mañana cualquiera, quizás en domingo, nueve años después, el Presidente se despertó con la idea de cerrar los peajes. Y punto. Al día siguiente, sin que mediara un decreto, un papelito sellado, una gaceta con la redacción que provoca la premura, o cualquier otra formalidad, la Guardia Nacional apareció en La Cabrera y Guacara y sacó a los trabajadores.

No se consideró quiénes eran los afectados con esa medida, qué cursos de acción alternativos había, no sé dispuso una mesa redonda para discutir con las autoridades competentes (Didalco Bolívar y Luis Felipe Acosta Carles), no se escucharon propuestas, no se ensayaron soluciones. Nadie se hizo la pregunta de cómo se ha resuelto este problema en otros países, de quién ha investigado sobre eso en Venezuela, de cuál ha sido nuestra experiencia en la administración de autopistas. No. El Presidente pensó que con haber identificado el problema bastaba, a partir de allí, se trataba de voluntad. Así, 541 trabajadores directos en La Cabrera (desconozco la cifra en el de Guacara) quedaron en la calle, sin programa, sin alternativa, sin acuerdo previo, sin Plan B.

Todo este episodio contiene la quintaesencia de la forma en que el gobierno decide enfrentar los problemas de todos los venezolanos. Como si a partir del reconocimiento inicial, la solución ya fuese un tema de mera ejecución, como si resolver los problemas que nos aquejan fuese cosa sencilla, como si el área de políticas e intervenciones públicas no fuese toda una ciencia; todo se hace sin pensar en los ganadores y perdedores que resultan de cada decisión, o en los efectos colaterales posteriores que a veces resultan más costosos que la situación previa.

¿Los precios están subiendo? Entonces hay que poner un control de precios. Esa es la reacción inmediata, y eso sí, disponer de un aparato policial que se encargue de perseguir y reprender a quienes pretendan traspasar el control. Los resultados no se hacen esperar. Desaparecen los bienes de los anaqueles, se desata una escasez inexplicable en una época de bonanza, concentrada en alimentos clave dentro de la dieta venezolana. Los productores de los bienes cuyo precio están controlados empiezan a orientar sus esfuerzos productivos hacia otras áreas. Empezamos a depender cada vez más de las importaciones. Esa dependencia de las importaciones hace daño porque por un lado destruye el empleo y la producción nacional, y por el otro hace nuestro consumo cada vez más dependiente de los precios del petróleo. La inflación general cierre el año en 23% y el rubro de alimentos, con importaciones y controles, en 31%.

Cuatro años después, Rodrigo Cabezas reconoce que los controles de precios no han dado resultado, que han provocado escasez, que no le permiten operar a los productores de forma rentable. Se saca de la manga una frase que sería la envidia del mismísimo Yogi Berra: Los controles de precios no han dado resultado, por lo que los vamos a concentrar en un grupo más pequeño de bienes.

En esa misma semana, el Presidente le pregunta a su equipo de colaboradores “¿por qué seguimos dependiendo tanto de las importaciones?”, “¿por qué no somos capaces de producir lo que consumimos?”. ¿Y entonces? ¿Esto que ha ocurrido no es la consecuencia de sus políticas, no es el resultado trazado al carbón de lo que nos había ocurrido en otras épocas de controles de precios?

Es decir, como si no hubiese relación entre una cosa y otra. En el caso de los peajes, como si el cerrarlos terminara ahí, como si esos peajes no existiesen por una causa, como si la medida no tuviese consecuencias. En el caso de los precios, como si el desabastecimiento y la falta de producción nacional no fuesen consecuencia del enfoque que el gobierno le ha dado al combate contra la inflación y de la actitud que ha asumido hacia la actividad económica privada.

El Presidente insiste en convencernos que esa incapacidad para resolver problemas, que es a fin de cuentas de lo que se trata el arte de gobernar, no es consecuencia de sus políticas, no es un signo de su incompetencia, sino de alguna causa ulterior, fuera del alcance de los venezolanos. Ha vuelto con la ofensiva atacando a sus colaboradores, “a mí me engañan, y a ustedes los engañan”. Siendo así, una vez enumerada la lista de cosas que esta administración no ha sido capaz de hacer en nueve años (que según esa misma alocución va más allá de las dos o tres cosas que se han mencionado aquí), se le ocurre procedente sugerir agregarle a un eventual revocatorio una pregunta adicional, a ver si estamos de acuerdo en hacer “una pequeña reforma”, para hacer posible la reelección continua. De nuevo, como si el no ser capaz de resolver nuestros problemas no estuviese conectado con la posibilidad de reelección perpetua.

Ninguno de los problemas que nos aquejan, a saber la inseguridad, la falta de empleo, la inflación, la falta de un sistema integral de salud, la insuficiencia de la educación pública, la falta de inversión, puede ser solucionado con un enfoque así. 

Gobernar viene del latín gubernare, que a su vez viene del griego kybernao, que quiere decir “piloto de barco, timonel”. Es decir, quien gobierna debe ser alguien capaz de conducir al barco a rumbo cierto, a puerto seguro. Nueve años después, el timonel nuestro ha hecho una pausa (obligada) para informarle a la tripulación que no ha sido capaz de enrumbar el barco, pero eso sí, que le encantaría seguir teniendo la responsabilidad de conducir el destino de todos.

Miguel Ángel Santos