El Universal

Durante las últimas semanas se ha discutido mucho acerca de la actitud (las políticas) que debería tomar un nuevo gobierno ante las innumerables distorsiones que sufre nuestra economía.¿Debería tratar de corregirlas lo más pronto posible? ¿Debería ir más bien poco a poco, en orden de prioridades (¿y cómo se establecen estas prioridades?), e ir liberando restricciones en la medida en que la economía reaccione? No es una discusión trivial.

Las memorias de los protagonistas de otros procesos de ajuste en América Latina son muy ilustrativas en este sentido. Juan Cariaga, por ejemplo, en relación con el proceso de transición de Bolivia (1996) escribe: “El punto crucial llegó cuando el equipo tuvo que decidir si se adoptaría una estrategia gradualista o una de shock. Las discusiones fueron eternas, hasta que en un momento determinado primó el criterio político de uno de los integrantes del grupo: el doctor Bedregal,quien convenció a los miembros que favorecían las medidas gradualistas que el tratamiento shock era la única salida real, creíble y definitiva para eliminarlas expectativas de hiperinflación. A partir de ese momento las cosas avanzaron casi milagrosamente”. Algo similar cuenta Santos Alfonso en el caso del Perú (1990), tras la primera presidencia de Alan García: “En la decisión del Fujimori de optar entre un ajuste gradual o de choque, los organismos multilaterales fueron determinantes. Tras la primera reunión con el BID, Banco Mundial y FMI, Fujimori viajó a Japón y a su regreso a Lima ya había optado por un ajuste de electroshock”.

Nosotros también tenemos nuestra propia experiencia. La entrevista que Martha Rivero le hace a Moisés Naím (La rebelión de los náufragos) es particularmente reveladora: “La gente no entendía ni aceptaba que no había alternativa. No se tenía un aparato para seguir controlando los precios, no había cómo seguir dando dólares a una tasa artificial, no se podía proteger más a las industrias ineficientes del país o subsidiar a empresas del Estado que cada año perdían cantidades obscenas de dinero, ni mantener un sector público gigante e inoperante que empobrecía a todos. Había que desmontar el aparato de controles que estaba asfixiando la economía y empobreciendo y corrompiendo a los venezolanos… Se necesitaba dinero y si los multilaterales no te prestaban, nadie lo hacía. Y ellos no iban a dar un céntimo si no eliminaba el cambio múltiple que era una fuente de distorsión económica y de enorme corrupción”.

De estas experiencias, la boliviana y la peruana tienen algo en común: Ambos países venían de hiperinflación (11.000% Bolivia y más de 7.000% Perú), de manera que era difícil que el ajuste produjera un resultado peor. El caso de Venezuela fue diferente. El país había sido entregado por Lusinchi en pinzas, el presidente saliente disfrutaba de altos niveles de popularidad. La inflación estaba represada, el sistema de cambio múltiple en pié, la economía había experimentado algún crecimiento. Con las reservas internacionales en el suelo no había mucha opción. ¿Suena conocido? Ahora bien, ¿qué pasa si nos toca escoger entre el ajuste de shock (por no tener recursos) y la pérdida de gobernabilidad?

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Miguel Ángel Santos