El Mundo

Cuando la gente común se hace la pregunta que da título a esta crónica, quizás no está pensando tanto en un tipo especial de medidas para poner a funcionar nuestra economía o nuestras instituciones (“adaptadas específicamente al sentir del venezolano”). Después de todo, la conducta de los venezolanos en el Metro, la habilidad de nuestros comerciantes informales para ubicarse en las calles y avenidas más transitadas y cambiarse de producto según la época o la moda, y la tenacidad con que muchos venezolanos salen a flote cuando emigran a otros países (en particular a Florida, la expresión más pura del capitalismo), son testimonios vivos de nuestra capacidad para funcionar dentro de un conjunto de reglas que promueva el orden, la iniciativa empresarial y la sana competencia.

Yo tengo la impresión de que ese escepticismo que lleva a algunos a formular la necesidad de diseñar nuestras políticas dentro de unos lineamientos “acordes a las características del venezolano”, tiene que ver con otra cosa: Con la posibilidad que existe de implementar un conjunto de medidas de sentido común de manera sostenida, en medio de una situación de gigantesco déficit de atención social.

En otras palabras, la duda que a muchos nos mueve por dentro es si es posible que un gobierno decente implemente un conjunto de medidas orientadas a reactivar nuestra economía y poner a funcionar nuestras instituciones, mientras al mismo tiempo se hace cargo de manera sostenible (y no a punta de misiones improvisadas ante la amenaza de un evento electoral) de resolver los problemas sociales más urgentes que aquejan a más del 70% de la población.

Estas dudas son legítimas, a la luz de tres hechos fundamentales:

• Los altos niveles de pobreza de nuestro país, consecuencia de la falta de crecimiento económico, se han convertido a su vez en una fuerte limitación al crecimiento: Los efectos de la pobreza sobre la productividad promedio de la mano de obra venezolana (educación, experiencia, capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías) le han puesto un techo muy bajo al nivel de crecimiento que se puede alcanzar a través de la inyección de capital
• Aún cuando los paquetes de reforma estructural e institucional estén técnicamente bien concebidos, su sostenibilidad (no sólo de las políticas sino del régimen en general) está a riesgo si no consiguen aliviar en el muy corto plazo esos déficit de atención social, heredados de la cuarta y profundizados durante la quinta
• Aún cuando se logre concebir un conjunto de medidas apropiadas en el sentido de los dos puntos anteriores, no está claro si Venezuela tiene la capacidad y la profundidad institucional para ejecutar ese conjunto de medidas de manera efectiva

Ese es más bien el orden de ideas que fundamenta el escepticismo que muchos muestran hacia la posibilidad de iniciar una transformación estructural de nuestra sociedad. No tiene que ver con las medidas en sí, con un conjunto de normas nunca antes visto en el planeta diseñado única y exclusivamente para resolver los problemas de los venezolanos. Tiene que ver con el marco referencial social e institucional, no tiene que ver con las características particulares de los venezolanos, tiene que ver con la condición actual de pobreza en Venezuela.

Yo creo que todas estas dudas son legítimas, pero también creo que son salvables. Creo que son el tipo de preguntas que nos debemos hacer para orientar nuestros esfuerzos, aunque las respuestas no sean sencillas, aunque no tengan soluciones fáciles. Lo importante es reconocer que para hacer esa transformación posible hace falta proponer un conjunto de soluciones coherentes entre sí, orientadas por igual a superar las deficiencias estructurales que ahuyentaron la inversión privada durante los últimos 25 años, a resolver los deficit de atención social heredados de ese período, y a fortalecer el marco institucional y jurídico a través del cual se le da curso a esas medidas.

Miguel Ángel Santos