El Universal

A regañadientes, luego de un mes de negación, el gobierno se ha propuesto gobernar. Alguien debe haberlos persuadido de la necesidad de un curso distinto, un aire nuevo, un resolver problemas, un regresar al deber-ser de todo gobierno. Acaso sea el propio Presidente, después de luchar consigo mismo y con todos los demás durante todo diciembre, después de haberse distraído con la posibilidad de lanzar tierrita y no volver a jugar, quien se haya convencido de la necesidad de regresar a lo cotidiano. Al igual que sucedió con el florido discurso de la madrugada del 3 de diciembre: Vamos a ver cuánto le dura.

Y es que cuando se trata de sentarse a gobernar, al nuestro se le agotan las posibilidades bastante más temprano que la voluntad. Las medidas que sí puede tomar pertenecen a un plano demasiado visceral, una superficialidad que no se puede llegar a llamar política pública, que no tiene ninguna capacidad para tocar nuestros problemas cotidianos. Se firman indultos y se llama a un “pacto con la oligarquía”. Se utiliza un lenguaje más conciliador y se reconoce que se fundieron los cinco motores. Se anuncia, nueve años después, un plan para combatir la inseguridad. Se sustituye al tren ministerial por un conjunto de funcionarios con dos características predominantes: un perfil más bajo y una vinculación estrecha con el Presidente que va más atrás de 1998. Ese es el caso del Ministro Isea, bastante más apegado al libreto y menos dispuesto que Rodrigo Cabezas a aventurarse a hablar de lo desconocido, Licenciado en Ciencias y Artes Militares (Mención Blindado); y asistente del Comandante Chávez desde el año de 1994.

Todas estas medidas, con todo y su costo político, lo más que han exigido es lavarse la cara, reconocer límites, cambiar de pose. Mucha necesidad y muy poca convicción. No se trató de diseñar planes, de abrirse a las iniciativas que desde diferentes partes del país, y muy en particular desde la academia, se le han venido haciendo en relación con nuestros problemas cotidianos. No se trata de inyectarle tracción o capacidad a un poder ejecutivo que ejecuta muy poco. Se trata simplemente de enviar señales huecas de un reacomodo que no es tal a un país ya demasiado reticente a seguirle dando al Presidente el beneficio de la duda.

Nuestra economía no escapa a esa superficialidad. No hay nada en las medidas que ha asomado el gobierno que alcance siquiera la periferia de nuestros problemas, nada que promueva la estabilidad y la transparencia, nada que nos devuelva la confianza, nada que invite a invertir y a producir, ninguna política sostenible para frenar la inflación, ninguna iniciativa para crear nuevos puestos de trabajo. Se sustituye a Jorge Giordani, el adalid del anclaje cambiario, ausente también en febrero 2002, cuando se liberó el sistema de bandas y se devaluó el bolívar 40% en una tarde. Se suspenden las tarjetas pre-pago y se recorta el cupo de dólares de internet. Se prohibe mencionar el dólar paralelo, algo que no sólo atenta contra el derecho a la información, sino también contra la propia posibilidad de continuar con las emisiones de bonos bolívar-dólar que tantos beneficios le han traído al gobierno. ¿Y entonces?

Miguel Ángel Santos