El Universal

La noticia ha captado poca atención en la prensa nacional, perdida entre tanto ruido. Nuestro Ministro de Obras Públicas y Vivienda, preocupado por cualquier cosa que promueva la vivienda y las obras, nos ha adelantado una decisión que el Tribunal Supremo estaba considerando (esa es nuestra democracia) sobre el cobro del IPC en proyectos inmobiliarios.

El proyecto propone acabar con la modalidad de pre-venta ¿Qué pasaría si se prohibe la aplicación del IPC sobre el saldo adeudado por la compra de una vivienda? Hay dos posibilidades. La primera es que los constructores esperen a tener la vivienda 100% terminada para proceder con la venta. Esto pondrá la vivienda en el mercado a un precio mucho mayor: El impacto inflacionario del período de construcción impactará a la totalidad del precio. Se le quita al comprador la potestad de asegurar una fracción del precio inicial. La segunda posibilidad es que el precio inicial de la vivienda sea tan grande como para compensar potenciales saltos de la inflación en el período de construcción. En ese caso el resultado es todavía peor, porque toda la expectativa futura de inflación será incorporada al precio ofrecido de entrada. En ambos casos, la reducción en el número de viviendas construidas y la aceleración de la inflación serán las consecuencias inmediatas.

Todo esto ocurre en una coyuntura muy curiosa: De acuerdo con el BCV, de las 69.141 nuevas viviendas construidas en 2008, 45.358 (66%) fueron hechas por el sector privado y sólo 23.783 (34%) por el sector público. Peor aún, en el primer trimestre del año, la construcción privada creció 5,3%, mientras que la construcción pública se vino abajo 9,7% (“liderizada” por la inversión en construcción de PDVSA, que cayó 32,8%).

Según algunas fuentes algo más sensatas dentro de la administración pública, lo que prevalece por estos días es una carrera frenética por llevarle a Chávez el proyecto de ley o la idea que destruya más rápido al sector privado. El motto es: “Deja que vea la que se me ocurrió a mí”. El problema está en que, lejos de perjudicar sólo a los constructores de vivienda, en el proceso se caerán también muchas otras piezas del dominó. Sólo en el primer trimestre en el sector construcción se perdieron 81.349 puestos de trabajo, llegando la tasa de desempleo a 17,5%.

Nuestro gobierno no se satisface sólo en no ser capaz de producir nada, sino que además necesita obstaculizar, ahogar a los más productivos. Si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie. Por esa razón, además de la eliminación de la pre-venta, el Ministro ha adelantado también que se obligará a las constructoras privadas a pagar con retroactivo a todos los compradores sobre cuya vivienda se hayan aplicado incrementos de IPC. Esta medida, por sí sola, obligaría a las constructoras a declararse en bancarrota, y abriría la posibilidad de expropiación para los desarrollos en progreso. Conociendo las maneras de la revolución bonita, cabe esperar que el decreto en efecto prohiba la pre-venta y cuente con alguna versión retroactiva que no sea terminal para la construcción privada. Dame las gracias, te dejé aquí este tubo para que puedas respirar. ¡Vas a subsistir! Qué vaina tan macabra.

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Miguel Ángel Santos